Las
mafias que viven de los recursos públicos no están sólo en Cali, ni
tampoco en un sector específico, están repartidas por todo el país y
persiguen no sólo los recursos de los servicios públicos(transporte,
acueducto, energía, aseo, alcantarillado), sino también los de
educación, los de salud y hasta los de cultura. El caso del Secretario
de Tránsito de Cali obligado a salir del país ha tenido un gran eco en
los medios de comunicación. Diarios económicos y nacionales han
publicado la opinión de muchos columnistas frente a la situación que
enfrenta la ciudad de Cali, el funcionario y las mafias que rondan las
administraciones públicas.Al anterior caso, se suma el de las amenazas
recibidas por la directora de Cobertura de la Secretaria de Educación de
Bogotá. Seguramente, buenos funcionarios públicos en ciudades pequeñas
e intermedias han recibido amenazas u otro tipo de intimidaciones, que
el país no conoce y no conocerá.La situación, sin embargo, refleja
varios problemas. Existen pequeñas, medianas y grandes organizaciones
que viven de hacer ventajosos negocios con el Estado, no existe, como se
refiere Rudolf Hommes, en su columna del pasado domingo, sólo “mafias
en los servicios públicos”, sino en casi todos los frentes de trabajo de
las administraciones públicas.Los casos mencionados y los que no se
conocen, son parte de la captura del Estado Colombiano abordado en la
investigación realizada por Jorge Garay y otros, y publicada en el
libro, “La Captura y Reconfiguración Cooptada del Estado en Colombia”,
apoyado por Transparencia Internacional y la Fundación Avila. Si la
sociedad no se pronuncia para defender los funcionarios públicos
amenazados por las mafias o los grupitos defensores de intereses
particulares, pocos profesionales competentes quedaran en el servicio
público. A la baja remuneración que reciben los funcionarios públicos,
ahora se suman las presiones e intimidaciones en contra de aquellos que
quieren poner orden, autoridad, disciplina y transparencia.El foco de
lucha contra la corrupción debe ser más amplio, como se plantea en la
investigación de Garay: ¿Quién está interesado en capturar al Estado?,
¿Para qué quieren capturarlo?, ¿Mediante cuáles procedimientos y en qué
instancias busca capturar el Estado?. Las redes son tan sofisticadas,
que sino logran utilizar los funcionarios públicos, los amenazan, los
intimidan o los llenan de demandas para despejar el camino y mantener
los beneficios para su propio provecho y no el bienestar colectivo que
defienden los buenos funcionarios.
Publicada por:
Adriana Vallejo De La Pava
