Las autoridades de Palmira buscan ponerle freno al depósito de desechos en el corregimiento La Dolores.

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Las autoridades de Palmira y Cali realizarán operativos para evitar que se boten escombros provenientes de la capital del Valle en el corregimiento La Dolores.
Martes, Octubre 30, 2012 - 3:27 p.m.
Dato clave.Sanción
A quien disponga residuos sólidos y escombros en sitios de uso público no acordados o autoizados se le aplicará una multa de hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes
Operarios de la Concesión de la Malla Vial recogen con frecuencia los escombros que se depositan en inmediaciones de la recta Cali-Palmira.
Jaime Ibañez / Palmirahoy
Planes de acción se fijaron las autoridades de la Villa de las Palmas para hacerle frente a la situación ambiental que padece el corregimiento La Dolores como consecuencia del depósito indiscriminado de escombros.
Entre las medidas adoptadas se destaca la realización de operativos de la Policía para identificar y sancionar a los conductores de vehículos que transportan y arrojan los desechos.
También la entrega de comparenderas a las autoridades para la aplicación de la norma, indicó Germán Ramírez, funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente del Municipal, Germán Ramírez.
De acuerdo con él, desde Cali están llegando vehículos que arrojan los desperdicios en el puente del río Cauca ubicado sobre la recta Cali-Palmira, los callejones y algunos sitios del interior de La Dolores.
Guillermo Rosero, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento, recordó que los escombros igualmente se estaban depositando en inmediaciones de los cañaduzales de la vereda Piles.
Sin embargo, resaltó que ahora lo están haciendo con más frecuencia en la entrada de Caucaseco.
Con esta apreciación coincidió el ingeniero de la Secretaría del Medio Ambiente, Edison López, quien recalcó que para ponerle freno a la situación se coordinaron operativos conjuntos con las autoridades competentes de Cali.
En este sentido, se acordó con el Departamento para la Gestión del Medio Ambiente, Dagma, y la Secretaría de Gobierno de Cali extremar los controles para la expedición y exigencia del conduce a quienes transportan residuos sólidos.
Por su parte, la Policía de Tránsito de Palmira se comprometió a llevar un severo control de las licencias y los permisos que deben portar los conductores de volquetas y carretillas.
También se trabajará en coordinación con el Concesionario de la Malla Vial para eliminar la inadecuada disposición de escombros y desechos sólidos sobre la recta Cali-Palmira.


Tomado de :http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/autoridades-palmira-buscan-ponerle-freno-deposito-desechos
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“A la gente le cobran vacuna para vivir en su propio barrio”: Arzobispo de Cali

El arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, envió una alerta en nombre de toda la Iglesia en la ciudad: que no se sigan comprando y vendiendo los barrios de Cali.
Por: Margarita Rosa Silva  Martes, Octubre 30, 2012

Arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve.
Giancarlo Manzano | Q´hubo
‘Save Our Souls’ (salven nuestras almas o SOS clave morse). Fue ese el grito contenido que lanzó Monseñor Darío de Jesús Monsalve este lunes. Una alerta en nombre de toda la Iglesia en la ciudad: que no se sigan comprando y vendiendo los barrios de Cali. Que no se compre y venda la vida de la gente.
Según Monseñor, aunque la violencia siempre ha estado presente en Cali, ahora más que nunca el cobro de vacunas, las drogas y las armas se han vuelto el pan de cada día en este municipio y en el resto del Valle, por lo que es momento de que las autoridades respondan por lo que sucede.

¿Qué lo impulsó a lanzar esta alerta?

Nosotros somos testigos de los derramamientos de sangre. Nos alarma lo que está pasando en algunas comunas de Cali frente al dominio en los territorios: la cantidad de gente que está saliendo de los barrios, el desplazamiento forzado. Nos preocupa muchísimo que se haya pasado del gran mercado internacional de la droga al microtráfico, lo que está haciendo gigantesco el número de consumidores.
Hay sectores de Cali por los que no se puede transitar. Y no solo en el Oriente. También en las comunas 20, 21, 1 y otras. En las zonas de montaña, en el área rural, donde hay expendios de droga y zonas de vicio. También nos preocupan Jamundí y Yumbo.

Cuando usted habla de gente que está siendo desplazada de los barrios, ¿se refiere a algo como lo que sucede en las ‘favelas’ de Brasil, donde las bandas delimitan su territorio dentro de las ciudades?

Eso es, tal cual. Lo que se vive hoy en la ciudad es un nuevo sistema feudal, que ya no es con títulos de propiedad, sino con exhibición de fuerza y de armas... Es una negociación. La gente denuncia y dice que sus barrios están siendo vendidos a equis banda criminal. Es muy grave que se negocien el territorio y la vida de la gente. Es alarmante esta economía de impuestos, ‘vacunas’ y extorsiones, además del negocio de las armas y las ollas de vicio. El llamado es a no convertir la ciudad en un infierno. Ese dinero jamás será una riqueza.

¿Cómo es eso de las ‘vacunas’?

Las bandas criminales les cobran ‘vacunas’ a la gente en sus mismos barrios. En algunos sectores están pidiendo $5.000 semanales por cada casa para “dejarlos” habitar el barrio y en el caso de los negocios, les cobran hasta $30.000 y $40.000. Ese dinero es para poder solventar su negocio de la guerra y comprar más armas.

¿A los sacerdotes también les piden ‘vacunas’ o los amenazan?

No, a los sacerdotes los respetan. Yo les he dicho que ellos no son informantes ni de la Policía ni de nadie. Sin embargo, corren los mismos peligros que cualquier ciudadano cuando sale del barrio. Hemos tenido dificultades con agentes pastorales, como catequistas, animadores de comunidades, personal religioso que se está desplazando dentro de la actividad pastoral y se le prohíbe pasar por determinadas calles.

¿Y ustedes saben quiénes están detrás de estas bandas?

Lo que más nos preocupa es quiénes están delante. Yo me pregunto dónde están los líderes del Valle, los grandes jefes políticos, los funcionarios del departamento, dónde estamos nosotros, la Iglesia, y también los no católicos, dónde están las autoridades locales y cómo garantizan transparencia e independencia total. Dónde están las autoridades de Policía y de Ejército.

¿Piensa que los paramilitares y guerrilleros desmovilizados han aportado a que la violencia y el microtráfico en las ciudades aumente?

Claro. Al Gobierno le falta impulsar la locomotora de la economía legal. Una economía que le dé soporte mínimo de sustento a esas familias, que garantice la no reproducción de estas formas de ilegalidad, porque salen de una organización ilegal y la reproducen de otra forma.

¿Usted está dispuesto a sentarse a dialogar con los líderes de las bacrim?

Toda mi vida he estado dispuesto a dialogar con quien lo acepte. Podemos acompañarlos en un proceso de conversión, de reflexión, de un regreso a otro sistema de valores, que no sea forzosamente el de estar capturados o terminar en un cementerio. Si ellos quieren mirar otra alternativa de vida, nosotros estamos prestos. No tenemos recursos, pero tenemos la voluntad.

¿Qué está pasando entonces con el manejo que las autoridades le dan a esta situación?

Al Estado le falta una política estructural, que toque directamente al ciudadano, que vincule a hombres y mujeres en la cultura de la legalidad. En eso hace falta una acción más articulada del Estado entre lo inmediatamente barrial, los municipios, los departamentos y la Nación. Hay que construir ciudadanía, no dar y dar recursos mediante programas que crean dependencia económica del Estado.

La violencia en el resto del Valle es otra situación preocupante. ‘Los Urabeños’, por ejemplo, son como un pulpo que expande sus tentáculos por todo el departamento...

Sí. Ahí es donde vemos que la sociedad colombiana no ha ido a la raíz de los problemas, a las causas. Nos hemos quedado mucho en el ‘show’ de las soluciones y en el aprovechamiento político y electoral de las cosas. Yo creo que el paramilitarismo y la subversión estaban muy unidos al narcotráfico y ahí hay un triángulo de la muerte que el país nunca enfrentó. Han construido una gran pirámide de la impunidad.

Otro problema que va en crecimiento es la minería ilegal, especialmente en Zaragoza donde ya van trece muertes. ¿La iglesia puede servir de garante para negociar?

En cualquier caso, si hay una voluntad de protección de la vida humana, nosotros colaboramos. No somos una ONG ni una organización de derechos humanos. Somos comunidad.

La minería legal también afecta...

Sí. Es un desastre lo que ha pasado en los últimos diez años en Colombia, entregando concesiones a diestra y sinistra y aceptando solicitudes de explotación que comprometen casi toda la geografía del país, sin poner cuidado al significado de esto, desde el punto de vista social, ecológico y de futuro. La minería es flor de un tiempo y ruina del mañana. Los ejemplos están a la vista. El país tiene que pensar en términos nacionalistas el tema de la minería y no dejarse engolosinar con la inversión extranjera. No podemos poner en subasta la estabilidad de los recursos.

Tomado de :http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/gente-le-cobran-vacuna-para-vivir-su-propio-barrio-arzobispo-cali
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El Comparendo Ambiental empieza a aplicar sanciones: todos debemos proteger nuestro entorno

La Alcaldía recuerda las conductas que serán sancionadas por el Comparendo Ambiental que entró en vigencia a partir del pasado 1 de octubre. Desde esta semana, se empezarán a aplicar las sanciones de un listado de 16 conductas. La Administración publica hoy la conducta número 11 de ese reporte.
Instalar cajas de almacenamiento, unidades de almacenamiento, canastillas o cestas de almacenamiento sin el lleno de los requisitos establecidos en el Decreto 1713 de 2002, también tiene la misma sanción grave del caso anterior: para una persona natural es de 1,5 salarios mínimos (849.000 pesos). Para una persona jurídica, la multa es grave por 15 salarios mínimos mensuales (8’490.000).

Tomado de :http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones.php?id=48388
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Preocupación en Cali por aumento en influencia de pandillas. Octubre 29 de 2012


Según la Personería, pasaron de 10 en 1992, a 134 hoy. Conflictos familiares entre los detonadores
Durante los últimos 20 años, el número de pandillas juveniles en Cali aumentó, al pasar de 10 en el año 1992 a 134. La cifra está contenida en un informe presentado recientemente por la Personería de Cali, según el cual dichas pandillas juveniles están localizadas en 17 de las 22 comunas de la ciudad.
Estas agrupaciones vinculan a 2.134 jóvenes, con el fin de mantener el control de unas cuantas cuadras clave para los negocios ilegales.
Según el estudio realizado por la Dirección de Derechos Humanos de la Personería, estas están concentradas especialmente en 8 sectores de Cali por comunas y lo común entre ellas es el hurto y tráfico de estupefacientes, sobre todo para adquirir armas.
La Comuna 20 es la que más pandillas registra por número de barrios. Allí se albergan 26 grupos compuestos por 450 jóvenes, en su mayoría localizados en Siloé. Y la Comuna 13 es la segunda con el mayor número de pandillas, al sumar 23 pandillas que acogen a más de 500 jóvenes activos, el número más alto de jóvenes vinculados que se registra en el occidente del país. Estos grupos hacen presencia en los 29 barrios que componen la comuna.
“De hecho más de 20 jóvenes han sido asesinados en los últimos años, solo por atravesar esas fronteras. La defensa por lo imaginario se impone sobre la realidad de la vida”, dijo Andrés Santamaría, personero de Cali.
Según la Policía de Infancia, el drama del inicio y las aspiraciones de los jóvenes para pertenecer a los grupos tiene de común denominador los conflictos familiares, poca oferta laboral, entorno colectivo violento, deserción escolar y desocupación.

El apunte

Programas sociales para las pandillas. Según la Alcaldía, se toman correctivos a través de proyectos como el de Inclusión y Generación de Oportunidades de Desarrollo Juvenil en el Oriente, el cual se ejecuta. “Son 400 jóvenes entre 8 y 26 años, de las comunas 13, 14 y 16, que se benefician”, dijo Carlos J. Holguín, secretario de Gobierno. De él participan ONG, con asesoría de la Alcaldía, en iniciativas psicosociales, justicia reparativa, gestión de iniciativas productivas, arte y deporte, entre otras.
FUENTE: Diario ADN

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